Elecciones en Andalucía: La ministra de Empleo anuncia 215 millones de euros para el PER

En los Presupuestos Generales que el Gobierno presentará el próximo 30 de marzo «no se bajará ni un euro» para el Plan de Empleo Rural (PER) y Andalucía recibirá recibirá 215 millones de euros para este plan según aseguró ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Según anunció,  el próximo miércoles convocará a los sindicatos agrarios «para repartir ese dinero en Andalucía».

Durante un mitin celebrado en la localidad gaditana de Rota, Báñez indicó que a pesar de que el presupuesto será «austero y de crisis», el PER no perderá ni un euro, porque «como andaluza» la ministra es conocedora de «lo bueno y necesario que es para esta tierra, para que mucha gente pueda permanecer en sus pueblos», y por tanto, el PER «está garantizado con un gobierno del PP, al ser una prioridad».

La portavoz del PP-A y el responsable de políticas económicas del partido, Rosario Soto y Rafael Carmona, respectivamente, han criticado este lunes la "campaña del miedo" llevada a cabo en estos días por el PSOE-A y han defendido, frente a ella, la campaña "en positivo" de su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, quien "efectivamente hará recortes" pero solo para "recortar los abusos del PSOE y los privilegios de la casta gobernante" en Andalucía desde hace 30 años.

   Éste es el principal mensaje que ambos han querido dejar claro este lunes en una rueda de prensa en la que han hecho balance de la primera semana de campaña electoral para los comicios del 25 de marzo. Así pues, Carmona ha recalcado que "el Estado del Bienestar con quien se consolida es con el PP" y que "ya está bien de falsedades" por parte de su mayor adversario político.

   Según ha ejemplificado, comenzaron a hablar del PER y "ahora todos los ciudadanos saben que el PP ha dotado a Andalucía de 215 millones" según informó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Es por ello por lo que ha exigido a los socialistas que "dejen de asustar con que viene el PP porque precisamente es eso lo que quieren los andaluces, que llegue el PP".

Desde el Partido Popular de Guadalcanal hacemos un llamamiento a todos los Guadalcanalenses que en estos días han escuchado del grupo del PSOE de Guadalcanal que el PP les iba a quitar el PER. Como siempre, mintiendo y metiendo miedo, esa es la única campaña que saben hacer. Pocos argumentos para un gobierno de más de 30 años que los Andaluces están pidiendo a gritos que se CAMBIE.

Salvar a las familias con bajos ingresos del desahucio

Jesús Manuel Martínez, Alcalde de Guadalcanal junto a Juan Manuel Moreno, Secretario de Estado del Gobierno Español de Servicios Sociales e Igualdad

El Gobierno estudia que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, dentro de un paquete de medidas encaminadas a reducir el coste social de este tipo de actuaciones judiciales. 

Fuentes financieras informaron a Efe de que el Ministerio de Economía ha remitido al sector para su consulta una decena de medidas fiscales, sociales y económicas relacionadas con la problemática de los desahucios inmobiliarios. 

Aunque el paquete de medidas está todavía en fase de consulta, el ministro de Economía, Luis de Guindos, podría aprovechar este miercoles una interpelación parlamentaria sobre este asunto para avanzar algunas de las propuestas que hay sobre la mesa. 

La más importante de las que estudia el Gobierno supone fijar un umbral de ingresos a partir del cual una familia que haya incurrido en el impago de su hipoteca quedaría protegida ante un desahucio, y podría permanecer en su casa. Esta medida iría acompañada de otras iniciativas paralelas de tipo económico y administrativo, dado que el banco que ha concedido la hipoteca está obligado no solo a reclamar su deuda, sino también a provisionarla. 

Una vez reclamada la deuda, se inicia un proceso judicial, y finalmente es el juez el que ordena el desahucio, no la entidad. Además, en caso de que el banco modifique las condiciones de una hipoteca, la entidad y el cliente afectado incurren en unos gastos que ahora podrían verse minimizados gracias a estas nuevas medidas. 

Igualmente, el Gobierno estudia poner en marcha medidas fiscales para ayudar a las familias a afrontar su situación económica antes de llegar al límite del impago de su hipoteca. Son medidas a las que mañana podría hacer referencia De Guindos durante su respuesta en el Congreso a una interpelación urgente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, sobre la "dación en pago" y los "abusos de las entidades financieras". 

El pasado 7 de febrero, el ministro ya anunció que se pondría en contacto con la banca para buscar fórmulas que "minimicen el coste social" que tienen los desahucios, porque "la peor situación es la de alguien que pierde su casa". De Guindos insistió entonces, también en el Congreso, en que ni al Gobierno ni a la banca le interesa que se produzcan dichos desahucios, que se han disparado con la crisis y han llevado a miles de familias a perder sus casas y a mantener la deuda hipotecaria con el banco.

Rajoy saldará las deudas de todas las administraciones con los proveedores

El Gobierno pretende liquidar en semanas facturas impagadas que podría rondar los 50.000 millones. Aprobará el viernes un mecanismo legal que detallará la operación.

Las miles de facturas impagadas que se agolpan en los cajones de los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas quedarán liquidadas en apenas unas semanas. O al menos esa es la intención del Gobierno de Mariano Rajoy.

El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará, en una decisión sin precedentes, un mecanismo legal que permitirá a empresas y autónomoscobrar todas las cantidades que les adeudan las administraciones, y que según los cálculos del Ejecutivo, podrían situarse entre 40.000 y 50.000 millones de euros.

En la operación participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero también las principales entidades financieras del país, a las que podrán acudir los empresarios con esas facturas impagadas para cobrarlas.

El Gobierno pretende aprovechar la disminución del coste de colocar deuda en los mercados para obtener ese dinero y ponerlo en manos de los proveedores sin necesidad de pasar por los ayuntamientos o las comunidades autónomas morosas.

Aunque los detalles de la operación todavía se están ultimando, se trataría de hacer una emisión de deuda en los mercados, con aval del Estado español, y posteriormente la deuda la asumirían las comunidades o los ayuntamientos que las hayan contraído.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a ABC que esta medida no incrementaría el déficit público de ayuntamientos y autonomías, ya que las deudas ya están reconocidas y contabilizadas en los años en que se contrajeron. Y tampoco se incrementaría la deuda global, ya que sería un apunte contable por el que pasaría de ser una deuda con proveedores a una deuda con los inversores.

Esta medida ahorraría enormes costes a las administraciones, que en estos momentos tienen cerrados los mercados de financiación, y que en caso de acudir a ellos tienen que pagar un enorme interés. Los bonos patrióticos emitidos por Cataluña o la Comunidad Valenciana han tenido un coste superior al 7% anual en títulos a plazos cortos, cuando ayer el Estado se financió a menos del 1% en letras a tres y seis meses, mientras en noviembre pagaba más del 5%.

Con esta medida el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende no solo salir en auxilio de las autonomías sino también dar oxígeno a la economía española y especialmente a muchas empresas, la mayor parte pequeñas y medianas, y a miles de autónomos, ahogados por los impagos de la administración.

La operación, que según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado, está siendo ultimada con el Ministerio de Economía y Competitividad, debe permitir «a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas en el plazo de semanas, en los próximos meses».

Eso sí, a cambio de esta operación, el Ejecutivo llevará a cabo un exhaustivo control de las cuentas autonómicas y exigirá un cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público y de los planes de ajuste presentados por gobiernos autonómicos y municipales para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria.

Este nuevo mecanismo financiero sustituiría a los anunciados créditos del ICO, de 10.000 millones para autonomías y 5.000 para ayuntamientos. El cambio de modelo se explica por las nuevas condiciones de los mercados financieros. Los créditos del ICO hubieran sido un parche y no hubieran servido para saldar todas las deudas, y una emisión de este calibre sí lo puede hacer.

Eso sí, estas medidas son solo para las facturas impagadas hasta ahora, no para las que se puedan generar en el futuro.