El Gobierno pretende liquidar en semanas facturas impagadas que podría rondar los 50.000 millones. Aprobará el viernes un mecanismo legal que detallará la operación.
Las miles de facturas impagadas que se agolpan en los cajones de los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas quedarán liquidadas en apenas unas semanas. O al menos esa es la intención del Gobierno de Mariano Rajoy.
El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará, en una decisión sin precedentes, un mecanismo legal que permitirá a empresas y autónomoscobrar todas las cantidades que les adeudan las administraciones, y que según los cálculos del Ejecutivo, podrían situarse entre 40.000 y 50.000 millones de euros.
En la operación participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero también las principales entidades financieras del país, a las que podrán acudir los empresarios con esas facturas impagadas para cobrarlas.
El Gobierno pretende aprovechar la disminución del coste de colocar deuda en los mercados para obtener ese dinero y ponerlo en manos de los proveedores sin necesidad de pasar por los ayuntamientos o las comunidades autónomas morosas.
Aunque los detalles de la operación todavía se están ultimando, se trataría de hacer una emisión de deuda en los mercados, con aval del Estado español, y posteriormente la deuda la asumirían las comunidades o los ayuntamientos que las hayan contraído.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a ABC que esta medida no incrementaría el déficit público de ayuntamientos y autonomías, ya que las deudas ya están reconocidas y contabilizadas en los años en que se contrajeron. Y tampoco se incrementaría la deuda global, ya que sería un apunte contable por el que pasaría de ser una deuda con proveedores a una deuda con los inversores.
Esta medida ahorraría enormes costes a las administraciones, que en estos momentos tienen cerrados los mercados de financiación, y que en caso de acudir a ellos tienen que pagar un enorme interés. Los bonos patrióticos emitidos por Cataluña o la Comunidad Valenciana han tenido un coste superior al 7% anual en títulos a plazos cortos, cuando ayer el Estado se financió a menos del 1% en letras a tres y seis meses, mientras en noviembre pagaba más del 5%.
Con esta medida el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende no solo salir en auxilio de las autonomías sino también dar oxígeno a la economía española y especialmente a muchas empresas, la mayor parte pequeñas y medianas, y a miles de autónomos, ahogados por los impagos de la administración.
La operación, que según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado, está siendo ultimada con el Ministerio de Economía y Competitividad, debe permitir «a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas en el plazo de semanas, en los próximos meses».
Eso sí, a cambio de esta operación, el Ejecutivo llevará a cabo un exhaustivo control de las cuentas autonómicas y exigirá un cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público y de los planes de ajuste presentados por gobiernos autonómicos y municipales para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria.
Este nuevo mecanismo financiero sustituiría a los anunciados créditos del ICO, de 10.000 millones para autonomías y 5.000 para ayuntamientos. El cambio de modelo se explica por las nuevas condiciones de los mercados financieros. Los créditos del ICO hubieran sido un parche y no hubieran servido para saldar todas las deudas, y una emisión de este calibre sí lo puede hacer.
Eso sí, estas medidas son solo para las facturas impagadas hasta ahora, no para las que se puedan generar en el futuro.
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