Afirman su compromiso con la transparencia y el buen gobierno
Reclaman la mejora de la eficiencia del gasto
Exigen las responsabilidades al Gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones, especialmente sobre la liquidez
Demandan al Gobierno de España que ejerza sus facultades competenciales para dotar de Sostenibilidad a los servicios públicos esenciales
Reivindican a la Junta de Andalucía un esfuerzo de responsabilidad económica y financiera El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y el coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristobal Montoro, se reunieron hoy en Ronda (Málaga) con más de un centenar de alcaldes populares de Andalucía, donde rubricaron una declaración en la que rechazan la actitud antidemocrática de la FAMP; se comprometen con la estabilidad presupuestaria y apoyan la reforma de la Constitución; máxima transparencia, código de buen gobierno, y gestión transparente; exigir al Estado fondos ICO y aplazar el pago de las deudas; además de reclamar a la Junta un fondo de urgencia y mejor reparto de los ingresos, entre otras medidas.
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE ALCALDES DEL PP ANDALUZ
La crisis económica que sufrimos ha puesto de manifiesto las dificultades de financiación y gestión del conjunto de las Administraciones Públicas, afectando de manera especial a las Entidades Locales.
Esta situación se ve agravada en Andalucía con la estrategia del PSOE y del Sr. Griñán de persecución a los alcaldes del PP, legítimamente votados por los ciudadanos. Este acoso se traduce en las artimañas para mantenerse en la FAMP, en la propuesta partidista que supone la pretensión de expulsar a los alcaldes del Parlamento de Andalucía y en el bloqueo y ralentización de proyectos e inversiones.
Ante esta grave situación y de acuerdo con los compromisos adquiridos en el anterior Consejo de Alcaldes del PPA, los gobiernos locales del PP han realizado un gran esfuerzo de contención del gasto público.
En este sentido, sus primeras decisiones, después de las elecciones del 22 de mayo, han ido en la línea de reducir el gasto corriente, el número de directivos públicos, el personal de confianza y el exceso de administración y de organismos.
Los Alcaldes del PP-A son el mejor ejemplo de que hay otra manera de gobernar, que se basa en la austeridad de las cuentas públicas, en la transparencia de la gestión y en el reformismo como verdadero motor del cambio.
No obstante, la única manera de llevar a cabo un ajuste de gran envergadura en el sector público es una reforma institucional de las Administraciones Públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, que establezca de forma precisa un sistema competencial claro y su financiación.
A este deterioro de la eficiencia y racionalidad del gasto público ha contribuido decisivamente el relajamiento y, en última instancia, la derogación por la vía de los hechos, de las normas de disciplina, transparencia y estabilidad presupuestaria.
Por ello, es inaplazable la creación de un nuevo marco de estabilidad y disciplina que actúe como complemento institucional al proceso de racionalización del sector público para la garantía de la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Gobierno de la Nación ha incumplido su promesa de aprobar un nuevo sistema de financiación local, despreciando a las administraciones más cercanas a los ciudadanos y ha practicado recortes en la financiación de los ayuntamientos poniendo en riesgo la prestación de los servicios públicos
Especialmente antimunicipalista ha sido el trato recibido por parte de la Junta de Andalucía. Escasa financiación, falta de ejecución de las inversiones, deudas con los consistorios y dejación de sus competencias, caracterizan el comportamiento de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos andaluces.
A la par, la actitud sectaria y poco democrática del Partido Socialista ha quedado patente en su empecinamiento en mantener su estatus en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, obviando claramente los resultados del pasado mes de mayo.
Por todas estas razones, el Consejo de Alcaldes del Partido Popular Andaluz propone las siguientes líneas de actuación para garantizar el Estado de Bienestar y una adecuada prestación de los servicios públicos esenciales de nuestros ayuntamientos:
1. Los alcaldes del Partido Popular rechazan las actitud antidemocrática en la FAMP.
Los alcaldes del Partido Popular rechazan la actitud ilegal e ilegítima del PSOE al pretender perpetuarse en la FAMP y han exigido la convocatoria inmediata de la Asamblea General, la Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista para que dicha institución refleje fielmente el resultado devenido de las Elecciones Municipales en las que el Partido Popular resultó claro ganador.
Los Alcaldes del Partido Popular de Andalucía reiteran su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Sólo desde la aplicación de los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria es posible garantizar los servicios públicos esenciales. La sostenibilidad de las finanzas públicas es una condición ineludible para el funcionamiento del Estado del Bienestar.
Conscientes de ello, los Alcaldes del Partido Popular de Andalucía apoyan la reforma de la Constitución, que establece como mandato constitucional la disciplina presupuestaria, aportando la certeza de que todas las decisiones de gasto de los gobiernos de todas las Administraciones Públicas de España se adoptarán de acuerdo con el volumen de ingresos del que ordinariamente disponen.
2. Afirman su compromiso con la transparencia y el buen gobierno.
Los Alcaldes del PP Andaluz reiteran sus compromisos en materia de transparencia y en concreto se comprometen a:
a. Dar cuenta a la ciudadanía de forma continuada del estado financiero de sus corporaciones locales.
b. Racionalizar el entramado de organismos y empresas públicas, fundaciones, consorcios y otras entidades locales.
c. Desarrollar un "portal de la transparencia" que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones públicas, tales como la remuneración de los cargos, información periódica sobre la ejecución del presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvención.
d. Mejorar la gestión de la administración pública con la aplicación de procedimientos digitales.
e. Aplicar códigos de buenas prácticas en el comportamiento de los responsables y trabajadores públicos y la gestión local.
3. Se comprometen a actuar de forma coordinada en la mejora de la eficiencia del gasto público.
Cada Gobierno Local aprobará un Plan Estratégico de Racionalización del Gasto Corriente a cuatro años, que tenga por objetivo mejorar la aplicación de los fondos destinados a atender los gastos de funcionamiento de la administración. Este plan contemplará:
a. Una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las Administraciones Públicas.
b. La creación de centrales de compras, incluso entre Administraciones Públicas de diferente ámbito, para conseguir mejores precios de suministro especialmente en áreas como equipamiento, energía o telefonía.
c. Reducción de los gastos de representación y publicidad.
d. Reducción del parque móvil, desarrollando el uso compartido.
e. Racionalización del uso de teléfonos móviles.
f. Plan de ahorro energético basado en el concepto de eficiencia.
4. Exigen, en el ámbito de la Lealtad Institucional, las responsabilidades al Gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones, especialmente por sus efectos sobre la liquidez.
El Gobierno de España es plenamente responsable de la situación de iliquidez de las cuentas de las Entidades Locales ya que una buena parte de su deuda consiste en la devolución por parte de estas Administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado. El problema lo creó el Gobierno entregando un dinero que era evidente que no se estaba recaudando.
Desde esta responsabilidad, corresponde al Gobierno de España llevar a cabo las siguientes actuaciones inmediatas que palien el problema de iliquidez que él mismo generó, en aplicación del principio de Lealtad Institucional.
a. Aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Esta medida no implicaría incremento alguno de deuda pública, pero supondría unas menores necesidades de financiación de las Entidades Locales.
b. La adopción de medidas extraordinarias y transitorias que palien las graves dificultades económicas y financieras por las que están atravesando las EE.LL, con objeto de garantizar que puedan hacer frente a las obligaciones contraídas y que les permita seguir prestando servicios básicos. Entre ellas:
- Aplicar, de forma real y efectiva, la línea de crédito ICO-Morosidad para que los Ayuntamientos paguen las facturas pendientes con Pymes y autónomos.
- Autorizar a los Ayuntamientos a refinanciar los vencimientos de deuda del ejercicio.
- Dotar de una mayor liquidez a las Entidades Locales, incrementando el porcentaje de las entregas a cuenta, por el sistema de financiación, del 95 al 98 por ciento, en línea con lo previsto para las Comunidades Autónomas.
- Incrementar los Planes de Cooperación de las Diputaciones para alcanzar los niveles de inversión del ejercicio de 2009.
5. Demandan al Gobierno de España que ejerza sus facultades competenciales para dotar de Sostenibilidad a los servicios públicos esenciales.
a. Reforma en profundidad del conjunto del sector público mediante una modificación de la Ley de Bases de las Haciendas Locales y de la LOFCA que evite solapamientos, defina bien los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos.
b. Solucionar el grave problema generado por la prestación de los servicios impropios realizados por las EE.LL. en sustitución de otras Administraciones Públicas.
c. Articular una nueva Ley Básica del Gobierno y Administración Local que se tramite conjuntamente con el nuevo modelo de financiación local.
d. Establecimiento de una normativa sobre Unidad de Mercado, con un apartado específico sobre sector público y simplificación administrativa. De esta forma se eliminarían los organismos redundantes, se reducirían los organismos reguladores, y se eliminaría la normativa concurrente innecesaria.
e. Reforma de la normativa básica estatal que permita mejorar la eficiencia de los servicios públicos esenciales, garantizando su eficacia.
f. Dignificar el papel que el funcionario público local tiene como elemento de garantía de la vigencia de los valores y principios de legalidad, imparcialidad, eficacia, transparencia y servicio al interés general que debe presidir la actuación de los Entes Locales.
g. Cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en la financiación de la Ley de dependencia
h. Fortalecer y modernizar el papel de las Diputaciones Provinciales, creando una Carta provincial de servicios y actualizando sus contenidos, especialmente en su función de asistencia y cooperación con los municipios pequeños y medianos.
i. Saldar el déficit de representación institucional que tienen las EE.LL. y, para ello, hay que reconocer, al menos, el derecho a participar en los Órganos de decisión y negociación de los sistemas de financiación.
j. Convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local, para poner en marcha políticas de austeridad, garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales y coordinar las actuaciones que permitan cumplir los límites de déficit y endeudamiento previstos.
6. Los Alcaldes del Partido Popular Andaluz reivindican al Gobierno de la Junta de Andalucía un esfuerzo de responsabilidad económica y financiera proporcional a la atención y solución de los problemas de los vecinos por parte de las Entidades Locales.
a. Revisar de la Ley reguladora de la participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de manera que se establezca una participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma, se incremente considerablemente la dotación del Fondo de Participación hasta los 600 millones de euros en 2011, única financiación incondicionada, y se establezcan fórmulas de reparto más equitativas.
b. Incrementar el presupuesto destinado al Plan de Cooperación Municipal, de manera que alcance, como mínimo, el 5% del total del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
c. Abonar, con la mayor celeridad posible, las obligaciones pendientes de pago de la Administración Andaluza con las Corporaciones Locales, así como la puesta en marcha mecanismos automáticos de compensación de deudas.
d. Aprobar un Fondo de Emergencia Social para atender las necesidades más acuciantes de los ciudadanos de los municipios andaluces.
e. Suprimir la subida de impuestos que supone el canon de mejora previsto en la Ley de Aguas de Andalucía.
f. Llevar a cabo un proceso de legalización de viviendas y de usos tanto en suelo rústico como urbano.
g. Desbloquear los Planes Generales de Ordenación Urbana que se encuentran pendientes de resolución por parte del gobierno andaluz.
h. Desarrollar un programa de inversiones productivas con las entidades locales.
En la ciudad de Ronda, a 4 de septiembre de 2011.
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