¿QUÉ PASA CON LO MÍO?

Empresarios, sindicalistas y alcaldes socialistas llamaban a diario a la Junta para interesarse por las ayudas de los ERE

Cuando la ayudante de la secretaria del director general de Trabajode la Junta de Andalucía descolgaba el teléfono, la pregunta más repetida al otro lado del auricular era «¿qué pasa con lo mío?». Lo cuenta Rocío Sayago Gómez a dos agentes de la Guardia Civil en Sevilla durante su declaración el pasado 22 de febrero en calidad de imputada en la trama de los ERE fraudulentos. Sayago Gómez conocía a las personas beneficiarias de las subvenciones directas a empresas y ayudas sociolaborales por su trabajo como adjunta a Ángeles Gala, la secretaria del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero —en prisión sin fianza desde el 9 de marzo—. Éste consistía en coger las llamadas telefónicas, tomar nota del número de teléfono, el nombre de la persona y una razón escueta que comunicaba a la secretaria para que ésta decidiese si la llamada se pasaba a su jefe. Como revela ABC, Rocío Sayago incluso aportó a la Guardia Civil un documento manuscrito de tres folios firmado por ella y su letrada donde hace un listado de las personas y empresas que, a través de ella, trataron de contactar por teléfono con Guerrero para conocer el estado de tramitación de las ayudas prometidas con cargo al «fondo de reptiles» o la partida 31-L para empresas en crisis o bien para pedirle una entrevista. Guerrero repartió 456 millones de euros en prejubilaciones y 59 como subvenciones directas a empresas entre 1999 y 2008.

Había días en que el teléfono de la Dirección de Trabajo se colapsaba. Empresarios, sindicalistas, intermediarios de ERE… La preocupación era común. «Había empresas que llamaban y preguntaban “qué pasa con lo mío” o “mi tema qué”», comenta a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. Sayago dice que se enteró de que se trataba años después, «a raíz de que los nombres de las empresas han salido en prensa».

En ocasiones, los interesados acudían a la sede de Trabajo para reunirse con el exdirector. Entre las empresas que preguntaban por «cómo va lo mío», la ayudante de la secretaria, que procedía de El Pedroso —el pueblo del que fue alcalde Guerrero entre 1995 y 1999—, recoge una lista interminable: el exregidor de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), dueño de Corchos de Cazalla; el exalcalde socialista de Lucena, José Luis Bergillos, en relación a la fábrica de detergente Bilore; Eduardo Lora, dueño de la SAT Virgen del Espino y antigua pareja de una ex mujer del exconsejero José Antonio Viera; el exalcalde de Guadalcanal Carmelo Montero; y Joaquín Llanos, de Refractarios Guadalcanal.

Unos y otros intentan sacar todo el provecho del que creían ser justos acreedores. Entre los más impacientes estaba el hermano del expresidente José Rodríguez de la Borbolla, que incluso llamaba «varias veces al día», según relata esta trabajadora. José María Sayago, exconcejal de El Pedroso y exsocio de José Enrique Rosendo —ambos recibieron más de 12 millones en ayudas—,«visitaba con frecuencia» a Guerrero en su despacho. Miembros de consultoras también llamaban «de forma constante», como Antonio Albarracín y Jesús Bordallo (Vitalia), o José González Mata (Uniter), encargado de los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, quien contactaba directamente o a través de su secretaria y «les pedían “papelitos”», especificó.

Rocío Sayago se sentía «intimidada» por el chófer y mano derecha de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que confesó que «la mayor parte del dinero» que cobró en ayudas lo dedicó «a comprar cocaína» para él y su jefe. Afirma que éste usaba su ordenador mientras ella desayunaba y entraba al despacho del director diciendo «aquí no entra ni Dios».

Los guardias civiles creen que la Junta «intenta echar por tierra» la investigación

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige «respeto» para el trabajo que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso de los ERE fraudulentos, un trabajo que «debe ser realizado sin trabas ni presiones políticas».

En un comunicado de prensa, la AUGC ha querido salir al paso de las declaraciones de la consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, que avisó de que el último atestado remitido por la UCO a la juez Mercedes Alaya extrae sus conclusiones y argumentos «exclusivamente de sospechas y suposiciones pero no de medios probatorios». La AUGC alude «a los que estos días han intentando echar por tierra esta investigación realizada desde la condición que ostentan los guardias civiles, como Policía Judicial, y por tanto, siguiendo las instrucciones que se marcan desde los juzgados y tribunales», que «lo que es claro es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están para servir a ningún partido político, sino para servir a la sociedad». Por su parte, Susana Díaz reiteró ayer su opinión sobre la Guardia Civil, señalando incluso que se hacen acusaciones que «son falsas». Acusó al PP de cuestionar al Cuerpo cuando investigaba casos de corrupción que afectaban a su partido.

Cuando la ayudante de la secretaria del director general de Trabajode la Junta de Andalucía descolgaba el teléfono, la pregunta más repetida al otro lado del auricular era «¿qué pasa con lo mío?». Lo cuenta Rocío Sayago Gómez a dos agentes de la Guardia Civil en Sevilla durante su declaración el pasado 22 de febrero en calidad de imputada en la trama de los ERE fraudulentos. Sayago Gómez conocía a las personas beneficiarias de las subvenciones directas a empresas y ayudas sociolaborales por su trabajo como adjunta a Ángeles Gala, la secretaria del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero —en prisión sin fianza desde el 9 de marzo—. Éste consistía en coger las llamadas telefónicas, tomar nota del número de teléfono, el nombre de la persona y una razón escueta que comunicaba a la secretaria para que ésta decidiese si la llamada se pasaba a su jefe. Como revela ABC, Rocío Sayago incluso aportó a la Guardia Civil un documento manuscrito de tres folios firmado por ella y su letrada donde hace un listado de las personas y empresas que, a través de ella, trataron de contactar por teléfono con Guerrero para conocer el estado de tramitación de las ayudas prometidas con cargo al «fondo de reptiles» o la partida 31-L para empresas en crisis o bien para pedirle una entrevista. Guerrero repartió 456 millones de euros en prejubilaciones y 59 como subvenciones directas a empresas entre 1999 y 2008.

Había días en que el teléfono de la Dirección de Trabajo se colapsaba. Empresarios, sindicalistas, intermediarios de ERE… La preocupación era común. «Había empresas que llamaban y preguntaban “qué pasa con lo mío” o “mi tema qué”», comenta a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. Sayago dice que se enteró de que se trataba años después, «a raíz de que los nombres de las empresas han salido en prensa».

En ocasiones, los interesados acudían a la sede de Trabajo para reunirse con el exdirector. Entre las empresas que preguntaban por «cómo va lo mío», la ayudante de la secretaria, que procedía de El Pedroso —el pueblo del que fue alcalde Guerrero entre 1995 y 1999—, recoge una lista interminable: el exregidor de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), dueño de Corchos de Cazalla; el exalcalde socialista de Lucena, José Luis Bergillos, en relación a la fábrica de detergente Bilore; Eduardo Lora, dueño de la SAT Virgen del Espino y antigua pareja de una ex mujer del exconsejero José Antonio Viera; el exalcalde de Guadalcanal Carmelo Montero; y Joaquín Llanos, de Refractarios Guadalcanal.

Unos y otros intentan sacar todo el provecho del que creían ser justos acreedores. Entre los más impacientes estaba el hermano del expresidente José Rodríguez de la Borbolla, que incluso llamaba «varias veces al día», según relata esta trabajadora. José María Sayago, exconcejal de El Pedroso y exsocio de José Enrique Rosendo —ambos recibieron más de 12 millones en ayudas—,«visitaba con frecuencia» a Guerrero en su despacho. Miembros de consultoras también llamaban «de forma constante», como Antonio Albarracín y Jesús Bordallo (Vitalia), o José González Mata (Uniter), encargado de los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, quien contactaba directamente o a través de su secretaria y «les pedían “papelitos”», especificó.

Rocío Sayago se sentía «intimidada» por el chófer y mano derecha de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que confesó que «la mayor parte del dinero» que cobró en ayudas lo dedicó «a comprar cocaína» para él y su jefe. Afirma que éste usaba su ordenador mientras ella desayunaba y entraba al despacho del director diciendo «aquí no entra ni Dios».

Los guardias civiles creen que la Junta «intenta echar por tierra» la investigación

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige «respeto» para el trabajo que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso de los ERE fraudulentos, un trabajo que «debe ser realizado sin trabas ni presiones políticas».

En un comunicado de prensa, la AUGC ha querido salir al paso de las declaraciones de la consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, que avisó de que el último atestado remitido por la UCO a la juez Mercedes Alaya extrae sus conclusiones y argumentos «exclusivamente de sospechas y suposiciones pero no de medios probatorios». La AUGC alude «a los que estos días han intentando echar por tierra esta investigación realizada desde la condición que ostentan los guardias civiles, como Policía Judicial, y por tanto, siguiendo las instrucciones que se marcan desde los juzgados y tribunales», que «lo que es claro es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están para servir a ningún partido político, sino para servir a la sociedad». Por su parte, Susana Díaz reiteró ayer su opinión sobre la Guardia Civil, señalando incluso que se hacen acusaciones que «son falsas». Acusó al PP de cuestionar al Cuerpo cuando investigaba casos de corrupción que afectaban a su partido.