La Guardia Civil concluye que Griñan conocía las irregularidades de los ERES

La juez aplaza las declaraciones para estudiar el atestado que recoge que el sistema siguió tras el cese de Guerrero. La Junta de Andalucía cambió la legislación para facilitar «el descontrol absoluto de las ayudas»

El atestado que ayer trasladó la juez Mercedes Alaya (instructora del sumario de los ERE fraudulentos) a las partes es una auténtica «bomba de relojería» ya que concluye que el Gobierno andaluz conocía tanto el convenio como el uso que se hacía de la transferencia de financiación y, por tanto, implica que conocía las irregularidades. Este nuevo escrito, de más de trecientos folios, ha provocado el aplazamiento de todas las declaraciones previstas para estudiar las conclusiones de la Guardia Civil, entre ellas la del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, prevista para el 26 de julio.

El minucioso estudio sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2011 concluye que el Consejo de Gobierno andaluz (que presidieron primero Manuel Chaves y, a partir de 2009, José Antonio Griñán) conocía «tanto el procedimiento establecido por el convenio marco entre Empleo y el IFA/IDEA como el uso que se hacía de la transferencia de financiación, aprobando distintas modificaciones presupuestarias que hicieron viable el sistema». Se hace hincapié en que el propio exconsejero Antonio Fernández (hoy en prisión) cuando era viceconsejero creía que el consejero «tuvo que comentar el nuevosistema operativo a Chaves» e incluso que «Chaves debió conocerlo al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno». Y también que normalmente se daba cuenta a la comisión general de viconsejeros o consejillo que presidía Gaspar Zarrías.

Sobre el destino dado a los fondos cuando se proponía modificar la partida 31-L (bautizada como fondo de reptiles), la Benemérita concluye que «era conocido por el consejero de Economía de Hacienda,Magdalena Alvarez en su momento, y José Antonio Griñán (actual presidente andaluz) después. E incluso se insiste en que tanto los presidentes de la Junta como el resto de miembros del Consejo de Gobierno eran «conocedores» de la operativa de Empleo» con las transferencias de financiación.

A juicio policial, el tema «debía ser conocido por el propio consejero» ya que además asegura que era una entidad «claramente incumplidora» que tenía encomendada el pago de los fondos públicos para ayudas y subvenciones de varias consejerías.

La Guardia Civil asegura que «se continúa investigando el conocimiento/participación concreto del titular de la Consejería en este y otros aspectos relacionados con la forma de financiar al IFA/IDEA como “caja pagadora” de las ayudas o la correcta actuación de la Intervención General de la Junta». Y también de los distintos titulares de las Consejerías a las que estuvo adscrita el IFA.

También recalca sobre las ayudas dadas a las empresas de Rosendo y Sayago, que aunque fue el exdirector general, Francisco Javier Guerrero (hoy en prisión) el que las adjudicó ilícitamente, el entonces consejero y diputado del PSOE, José Antonio Viera «jugó un papel esencial por ser el que las promovió». Se contabiliza que de los 70 millones de euros otorgados en el período investigado, 50 fueron a empresas de la Sierra Norte, lo que su puso el 70 por ciento de las ayudas directas concedidas en la comunidad.

Y sobre Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá consideran acreditado «el conocimiento pleno que tenían de todo lo relacionado con la tramitación y la gestión de ayudas» siendo Guerrero y Márquez (su sucesor en la Dirección General). los que participan en su creación e imposición. Es decir, que el sistema no acabó con el cese de Guerrero. Márquez y Daniel Rivera (imputados y este último aún en el cargo) y los responsables de la Consejería «dan forma y continuidad a los acuerdos adoptados por su antecesor». Y que cuando llegaron se les dio una lista de las ayudas pendientes de pago.

La utilización ideada por la Junta de la transferencia de financiación facilitó «el descontrol absoluto de las ayudas». Algunas de ellas venían sólo «con una nota manuscrita», «con datos incorrectos» o ni siquiera constaba la actividad de la empresa.

También se asegura que el convenio tuvo que ser desde el principio explicado de manera detallada porque «implicaba la modificación de modificaciones presupuestarias respecto a los presupuestos de la Consejería de Empleo. Y que, de hecho el Consejo de Gobierno tuvo que aprobar esas modificaciones que, a partir de 2001 habrían sido una o dos por año.

Además, hubo subjetividad en las ayudas que fueron concedidas «a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la gestión de dichas ayudas». Y, según se recalca, no eran conocidas por otras personas que «en situación de precariedad las pudieran necesitar».

La juez ha pedido a la Junta que le remita el organigrama completo del gabinete jurídico desde 2001 a la actualidad y las relaciones que la administración autonómica ha tenido con despachos de abogados Garrigues y Estudios Jurídicos Villasis.