Alaya pide por cuarta vez a Empleo 84 informes del «fondo de reptiles». Entre ellos la de la Empresa Refractarios Sevilla

Faltan papeles. Y ya van para cuatro las veces que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, requiere a la Junta de Andalucía la «copia íntegra y compulsada de los expedientes» relacionados con la trama de prejubilaciones irregulares subvencionadas por esta Administración. Se trata de 84 informes completos sobre ayudas a empresas y ayuntamientos sufragadas con el «fondo de reptiles» que Alaya le reclama sin éxito desde el 16 de abril.

En un nuevo auto, dictado el pasado viernes y notificado ayer a las partes personadas en el caso, la magistrada vuelve a quejarse de que el Gobierno andaluz no le entrega toda la documentación, puesto que, como éste reconoce, «no existe un expediente administrativo propiamente dicho por cada ayuda concedida». Entre los informes que requiere la juez —«un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos», como ésta llegó a calificarlos—, abundan «notas manuscritas y borradores» que, a su juicio, puede contener «información relevante para la causa». La propia Junta admite que algunos expedientes no están firmados, lo que da idea del descontrol administrativo con que canalizó las ayudas sociolaborales y de las dificultades de la magistrada para seguirles el rastro. La Consejería de Empleo dotó la llamada partida 31L con 647,8 millones de euros entre 2001 y 2010. La titular del juzgado de instrucción seis ya demandó a la Junta los mismos expedientes a través de otros tres autos el 16 de abril pasado, así como el 14 y 27 de septiembre. Entre los informes que requiere porque «no se encuentran dentro de las cajas» cita expresamente las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Santiponce y a la empresa Refractarios de Sevilla, que recibieron 30.050 y 721.214 euros, respectivamente.

No es la única información que echa en falta Alaya, quien ayer le exigió al Gobierno andaluz y al Consorcio de Compensación de Seguros que le informen de las cuantías abonadas a 12 de los 72 supuestos intrusos, que se beneficiaron de pólizas subvencionadas para prejubilarse en empresas donde no trabajaron nunca. La juez demanda esta información con el fin de fijar una fianza a 12 imputados. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza total de 2,85 millones euros para 14 falsos prejubilados.

Entre ellos figuran el exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo, que ha devuelto ya a la Junta 112.900 euros percibidos tras colarse en el ERE de Cydeplast, así como María del Carmen Fontela y María José de la Rosa, intrusas en el expediente de regulación de Río Grande. Fontela declaró que un agente de la aseguradora Vitalia le ingresó 1.700 euros del «fondo de reptiles» «para que se tomara una cerveza».

Recio cedió a IDEA el dinero sin visto bueno del Gobierno

En un nuevo auto, de ocho folios, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya también requiere a la Junta «el informe del procedimiento seguido por la Consejería de Empleo» para traspasar a la gestión de las ayudas sociolaborales a la Agencia IDEA, el ente de la administración paralela que se hace cargo de las subvenciones. Según relata en su resolución, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, reconoció que «no consta que el Consejo de Gobierno haya adoptado ningún acuerdo» en relación a la orden de encomienda de gestión firmada por Recio en abril de 2010, por la que transfirió 55,16 millones a la polémica partida 31L.

ABC. de Sevilla.